profesionales y creadores de internet manifestamos nuestra firme

oposición al proyecto, y declaramos que…

1.- Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos,

como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de

inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.

2.- La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial

.
Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo

establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un

órgano no judicial -un organismo dependiente del ministerio de

Cultura-, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a
cualquier página web.

3.- La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español

,
perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra

economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a
la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.

4.- La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural.
Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado
extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo,
que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales

tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.

5.- Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades

asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos

a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no

es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el

control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin

vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.

6.- Consideramos que las industrias culturales necesitan
para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles

, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.

7.- Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas

auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de

negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.

8.- Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España,

ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el
desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.

9.- Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual
orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el

dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.

10.- En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público
y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es
de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos

fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia.

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