Soy de los que encontré ciertamente gratificante el fenómeno del “manifiesto” acontecido en pocas horas después de la publicación de la ley de economía sostenible en la que se incluye la ya bautizada como “sinde inquisición” en referencia a la capacidad del ministerio de cultura de cerrar una web si lo acuerda una “comisión de expertos” nombrada por ellos mismos.

En aquél momento fui uno más de los que publicó en varios blogs el “Manifiesto” (que por cierto hoy incluyo aquí por no haberlo hecho en su momento) y quedé alucinado en como el fenómeno se extendió como la espuma y todos los medios se hicieron eco y hasta el propio presidente tuvo que hacer una mención especifica a ello a las pocas horas.

Como es habitual en las estrategias del poder, buenas palabras, un poco de tiempo que lo cura todo y vuelta a lo mismo, que seguro que “estos se cansan”. Hoy leo los primeros comentarios sobre el nuevo borrador de la ley y queda claro que el gobierno y su “alianza con los autores” puede más que los centenares de miles de autores de páginas webs y blogs que se han manifestado claramente en contra y más que los votos que desde el partido se ven peligrar por todo este lío.

Ahora lo hacen con más tacto y usando su largo brazo en medios de comunicación con numerosas entrevistas “casuales” a la ministra pocas horas antes de publicar el nuevo texto. En ellas esta señora ministra que es juez y parte,  habla de que en realidad serán sólo “unas decenas” o apenas “un centenar” a los que le afecte, como si eso le otorgará el derecho a asumir el poder de decidir cuales si y cuales no.

Lo harán ya veréis, pero lo peor de todo es que nosotros no nos acordaremos de ello para cuando lleguen las próximas elecciones. Será por eso que tenemos lo que nos merecemos.

Manifiesto «En defensa de los derechos fundamentales en internet»

Ante la inclusión en el Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible
de modificaciones legislativas que afectan al libre ejercicio de las
libertades de expresión, información y el derecho de acceso a la
cultura a través de Internet, los periodistas, bloggers, usuarios,
profesionales y creadores de internet manifestamos nuestra firme
oposición al proyecto, y declaramos que…

1.- Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos,
como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de
inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.

2.- La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial.
Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo
establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un
órgano no judicial -un organismo dependiente del ministerio de
Cultura-, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a
cualquier página web.

3.- La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español,
perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra
economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a
la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.

4.- La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural.
Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado
extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo,
que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales
tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.

5.- Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades
asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos
a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no
es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el
control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin
vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.

6.- Consideramos que las industrias culturales necesitan
para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles
y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.

7.- Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas
auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de
negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.

8.- Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España,
ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el
desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.

9.- Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual
orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el
dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.

10.- En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público
y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es
de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos
fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia.

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sociales, en foros o imprímelo y repártelo.